Por: Leonardo Guzmán
Estudiante Décimo Grado I.E.D. Nuestra Señora del Rosario
Hace poco más de un mes, el juzgado primero penal del circuito de Ibagué determinó que el Estado colombiano debía cumplir desde su Fondo Rotatorio de Estupefacientes con el medicamento de Clifor, un perro schnauzer residente con su familia en la capital del departamento de Tolima y que padece de epilepsia idiopática, lo que hace que este presente convulsiones frecuentes.
La decisión se da luego de la presentación de una acción de tutela por parte de Lina Lozano Cárdenas, a quien pertenece el animal. Alegó la vulneración de su derecho a la familia, evocando el artículo 42 de la constitución política de Colombia; que establece: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad... el estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.”
Previo a la instauración de la acción de tutela, Lozano Cárdenas había acudido a la Secretaría de Salud de Ibagué en donde no pudo acceder al medicamento. Además, el medicamento fenobarbital solo puede ser distribuido por entidades autorizadas. Esto fundamentó el fallo a favor de Clifor, porque la juez concluyó que se “Vulneraron los derechos a la preservación del núcleo familiar de Lina Lozano y los derechos de supervivencia de Clifor" ordenando la entrega del medicamento a la accionante en un plazo no superior a las 48 horas posteriores a la decisión.
Los expertos en el tema la consideran el hecho como un gran avance en la lucha por la protección y los derechos de los animales en Colombia. Este no es un caso aislado de la lucha constante por los animales. Es notorio el incremento en la utilización de mecanismos judiciales en pro de los animales.
Ante este panorama, el país entró nuevamente en polémica porque se cree que este puede ser el inicio del reconocimiento de derechos a los animales. En Enero de este año la corte constitucional declaró que “los animales no son sujetos de derecho, sino objetos de protección constitucional” ante el caso de un oso de anteojos que reside en el zoológico de Barranquilla y al que se le pedía su liberación.
Muchos acordamos en que los animales deberían ser reconocidos en el país como sujetos de derecho y asimismo protección constitucional, por lo que su bienestar debe ser responsabilidad irrevocable del Estado colombiano. Y es que, los animales han sido víctimas, desde tiempos inmemorables, de todo tipo de maltratos y exclusiones, sumándole el hecho de que no cuentan con un amparo de salubridad, que les permita acceder a atención médica gratuita y de calidad, cuando lo requieran. Esta situación convierte en un panorama complejo lo que presenciamos los ciudadanos día a día desde todas las regiones del país. Vemos, incontables animales heridos y en condiciones indignas recorrer calles en busca de alimento y protección que en múltiples ocasiones solo reciben violencia e indiferencia.
Ante esta problemática invito a las autoridades locales y al Gobierno nacional, a tener en cuenta en sus políticas administrativas a los animales que tanta protección requieren y no obtienen. Y al Congreso de la República, le invito a centrar la mirada en las condiciones de nuestros animales y a compromerse a legislar por su protección.
El anhelo de quienes defendemos la vida animal cobra esperanzas con esta decisión, sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer.
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