Por: Jasmín Chacón
Estudiante de Undécimo Grado de la I.E.D. Instituto Técnico de Comercio Barranquilla
La reforma a la salud propuesta por el nuevo gobierno causa gran revuelo y despierta diferentes reacciones en la ciudadanía Colombiana.
No es un secreto, que el servicio de salud que se brinda en el país da mucho de qué hablar, pues genera inconformidades en los usuarios. Principalmente por la mala estructura del sistema, la falta de organización en la atención y el manejo de los pacientes quienes, aunque pretenden mejoras, permanecen en un viacrucis sin fin a la vista.
La ley 100 de 1993, promueve la salud como un servicio público, y no como un derecho, pero solo se consiguió mayor cobertura para los usuarios en las EPS, sin lograr una verdadera mejoría en la calidad del servicio.
El gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una nueva reforma que podría ser la solución a esta preocupante situación, o que por el contrario, la empeorará:
Se propone la eliminación de las EPS para otorgar sus funciones a las alcaldías y gobernaciones del país; promete garantizar el derecho a la salud y a la buena calidad de la misma, eliminando por completo las políticas que establecen una salud estratificada.
La primera votación que se realizó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tuvo 10 votos a favor y 8 en contra, aún así, no completa la cantidad de votos requeridos para aprobar la reforma.
Muchos analistas y economistas cuestionan la conveniencia de esta estrategia, a pesar de ser ellos mismos quienes siempre han estado al frente del manejo del actual maltrecho servicio de salud.
“Me parece que en la estructura de un sistema, la solución no es quitar a un agente del sistema” afirma el doctor en economía Jaime Ramírez, quien habló de un contundente fracaso de esta alteración en el sistema que, según él, traería reacciones totalmente negativas; que es lo que se ha podido notar, en parte, durante esta propuesta.
A pesar de las críticas de los opositores del gobierno, el presidente sigue firme en sacar adelante y lograr la aprobación de su proyecto de ley, enfatizando en que será un cambio positivo en la vida y para la vida.
La ciudadanía se pregunta, ¿Qué pasa si me gusta mi médico y no quiero cambiarlo?, si las citas con las EPS eran demoradas, ¿Cómo será ahora que estas entidades sin experiencia manejarán el servicio?, ¿Realmente si habrá una mejora en el servicio, sabiendo que en las alcaldías y gobernaciones hay corrupción?
Esta nueva reforma debe darle solución, tanto al mal servicio, como a todas las inquietudes y la notable preocupación que surgen por parte de nuestros ciudadanos.
Casos como la EPS Saludcoop o Comfacor demuestran la urgencia de ponerle lupa a los trámites y funciones que realizan estas empresas. Y es que las EPS son grandes receptoras de innumerables tutelas y denuncias diarias que les llegan por el pésimo servicio brindado, en la mayoría de ellos.
El país demanda justicia, calidad y seguridad en la salud. Los ciudadanos estamos cansados de las mismas injusticias por las que tienen que pasar y solo exigen lo que les es propio por derecho.
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